Chichén Itzá, el paraíso en disputa

A la sombra de Kukulcán

Chichén Itzá, el paraíso en disputa

Las batallas por el dominio de Chichén Itzá mantienen en disputa constante a herederos y artesanos; mientras tanto, crece la afluencia turística a la zona.

 

A la sombra de Kukulcán parece ya no crecer el maíz que alguna vez alimentó a los antiguos mayas peninsulares, sino la mala yerba de la discordia por la posesión y el derecho al uso de esas tierras en las que se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá: en casi 10 años ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ni el gobierno del estado de Yucatán han podido resolver ese conflicto.

 

Hoy son más de 800 artesanos y vendedores ambulantes los que reclaman el derecho a entrar y comerciar libremente dentro de la zona arqueológica. Agrupados en la asociación Nueva Kukulcán, se enfrentan a los argumentos y documentación que amparan a Hans Jurgen Thies Barbachano —heredero del empresario mexicano Fernando Barbachano Gómez Rul, fallecido en diciembre de 2006— como propietario legal de parte de los terrenos donde se ubica la ciudad maya, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998.

 

El INAH arguye estar imposibilitado a intervenir debido a que su responsabilidad en la zona es sólo la preservación, conservación y protección de las estructuras mayas, sin que ello lo faculte para atender situaciones relacionadas con la tenencia de la tierra o de la administración turística del sitio, en este caso a cargo del Patronato Cultur, del gobierno yucateco. Los comerciantes y artesanos exigen a las autoridades el libre acceso a la zona y autorización para realizar labores comerciales en su interior, así como la expropiación de los terrenos para convertirlos en patrimonio nacional. En tanto, Hans Jurgen Thies Barbachano, propietario, entre otros negocios, del Hotel Mayaland —único ubicado dentro de una zona arqueológica en todo el país— solicita que se respeten las resoluciones legales que desde 2004 amparan la posesión legal de los terrenos del tablaje 3232, con cerca de 60 hectáreas, y que son la base del conflicto.

¿A quién pertenece Chichén Itzá?

En 1894 Edward Herbert Thompson le compró a un hacendado de nombre Juan Sosa la propiedad legal de los terrenos de la Hacienda Chichén Itzá, donde financiado por el Carnegie Institute de Washington realizó en los años siguientes estudios y exploraciones, principalmente en el área del Cenote Sagrado, del cual extrajo decenas de piezas que luego habría enviado de manera ilegal al Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, por lo que fue señalado como “saqueador”. Con el argumento del saqueo arqueológico, el gobierno de México confiscó los terrenos de Thompson en medio de un proceso legal que llevó poco más de 20 años. Durante ese lapso, en 1935, los cinco hijos y herederos del investigador vendieron al padre de Fernando Barbachano Gómez Rul los terrenos de la Hacienda, con lo que el proceso judicial iniciado pasó a manos de esta familia. Posteriormente, en 1942 el Ejecutivo federal puso en subasta los terrenos de Chichén Itzá, que fueron adquiridas por la propia familia Barbachano en un proceso respetado y reconocido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. A partir de entonces, son poseedores de aproximadamente 750 hectáreas de terrenos divididos en diversos tablajes y a nombre de varios integrantes de la familia.

 

Según una carta abierta publicada antes de su fallecimiento, Fernando Barbachano Gómez Rul señala que su padre comprobó que todos los objetos supuestamente saqueados por Thompson habían sido enviados legalmente al extranjero, lo cual ratificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparara a Thompson como el legítimo propietario de la Hacienda Chichén Itzá.

 

Durante los años señalados, se decretó también la ley que salvaguarda el patrimonio histórico de la nación, la cual, durante la administración del presidente Cárdenas, delimitó las cerca de dos mil hectáreas que comprenden el polígono total de área bajo resguardo del INAH, donde también se asientan comunidades ejidales de conformación posterior al proceso de reforma agraria. Mucho más tarde, en 2004, y como resultado de una resolución de un Tribunal Colegiado de Distrito, el gobierno federal perdió todo derecho de reclamar las tierras en las que se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá, ratificándose la propiedad privada del suelo y por ende los derechos de uso de quienes la posean, en tanto que la preservación, protección y conservación de los monumentos históricos y estructuras de la zona quedaron bajo resguardo del INAH.

 

El conflicto

En el periodo comprendido entre 1989 y 2001 ocurrieron varias incursiones de artesanos provenientes de los ejidos ubicados dentro del polígono de la zona protegida, entre éstos Xcatún, Xcalacop y San Felipe. De acuerdo con el ex director del INAH Yucatán, el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, a finales de 2001 se dieron los primeros pasos para encontrar una solución a las demandas de los artesanos pero con respeto a los propietarios de los terrenos de uso privado y los parámetros de conservación establecidos por el INAH, y mediante la integración de un consejo en el que estaba representada la familia Barbachano, asociaciones de guías turísticos, la Secretaría de Turismo y el Patronato Cultur.

 

Barbachano Gómez Rul ofreció donar un terreno al costado norte del hoy estacionamiento del parador turístico, donde se construirían locales para los artesanos mayas de las comunidades del municipio de Tinúm, hecho que nunca se concretó por falta de continuidad en los trabajos del consejo integrado. Durante la administración estatal de Víctor Cervera Pacheco se realizó un estudio para aclarar la situación, integrándose una lista con los artesanos tradicionales. Al final se construyeron los locales adonde se desplazó a los comerciantes y ambulantes, retirándolos del área arqueológica. “Todo bajo consenso de las partes”. Entrevistado en su cubículo, ahora sólo como investigador, Barrera recuerda que el problema surge desde la década de los ochenta, cuando Barbachano Gómez Rul construyó un par de palapas para los custodios del INAH a cargo de la zona, de quienes era jefe Villebaldo Pech Moo, actual representante legal de los artesanos y vendedores agrupados en su asociación Nueva Kukulcán. Asegura que el empresario turístico estableció un convenio con los custodios para que éstos permitieran el acceso a la zona por el área de las palapas, directamente hasta el área del Hotel Mayaland, sin que los turistas y paseantes tengan que pasar por la puerta del parador turístico.

 

Este convenio, según explica Barrera Rubio, sería concluido por Barbachano Gómez Rul, quien tomó control de las palapas por estar en su propiedad para convertirlas en tiendas, causando así la molestia de los custodios, quienes manejaban la venta de artesanías producidas por los habitantes de las comunidades de San Felipe, Xcatún e Xcalacop. Así se detonó el inicio de un ciclo de invasiones al área de la antigua ciudad maya.

El reinicio del conflicto

A finales de 2006, los vendedores ambulantes y artesanos de la zona, que pasaron de 200 a 450 y hasta 800 desde el inicio de las invasiones, permanecen realizando sus actividades comerciales en la zona arqueológica, mientras que Thies Barbachano terminó por equipar las palapas construidas por su abuelo y las convirtió en tiendas de artesanías para los visitantes del Hotel Mayaland. Con ello provocó mayor descontento entre los comerciantes y artesanos que en dos ocasiones, en 2008 y este año, han derribado una reja colocada por el empresario turístico en su propiedad. De acuerdo con Gerardo Rabasa, abogado de Thies Barbachano, la inversión es “completamente legal” al establecerse en una propiedad privada reconocida por una resolución de la SCJN a favor de su representado. Incluso, explica, los establecimientos comerciales cuentan con el permiso respectivo de uso de suelo otorgado por el ayuntamiento de Tinúm, por lo que “es propiedad privada y ni el INAH ni Cultur pueden establecer medida alguna al respecto”. No están facultados, asevera. Y añade: “Nosotros no hemos cerrado la zona arqueológica, los turistas entran por el parador como debe de ser, pero no podemos permitir que comerciantes que no cuentan con permisos y que no pagan impuestos afecten nuestra inversión bajo el argumento de que los asiste un derecho histórico por pertenecer a las comunidades aledañas o por su origen maya. Eso no es un argumento legal”.

 

El problema real, asegura el abogado, es que el Patronato Cultur y el gobierno del estado no han hecho nada para solucionar el problema, por el contrario, han protegido a comerciantes que están en la ilegalidad y ponen en riesgo la zona y los vestigios al entrar y salir del área sin ningún control. “Nosotros jamás hemos puesto en riesgo Chichén Itzá. Estamos dispuestos a negociar, pero siempre bajo lo legal, incluso tenemos la propuesta de poner un tianguis más amplio en la zona y rentarle locales a los verdaderos herederos de las familias mayas de la zona de Tinúm y sus comunidades”.

 

Entrevistado aparte, Pech Moo señala que sus representados exigen al INAH permitirles el acceso sin restricción alguna a la zona y por los caminos tradicionales por donde han circulado libremente durante décadas desde sus comunidades hasta Chichén Itzá. Acusa además la existencia de una campaña de difamación contra los artesanos y niega que estén organizados de tal manera que incluso —según fuentes del INAH— cobran a los integrantes de su gremio 50 pesos diarios por entrar a vender a la zona, lo que les reportaría ganancias diarias superiores a los 40 mil pesos. Pech Moo señala que los artesanos y comerciantes solicitan la expropiación de los terrenos de manos de los familiares Barbachano y proponen una ley que exente de pago de acceso a la zona a cualquier habitante de una comunidad maya que desee conocer su herencia cultural arquitectónica. Pide, entre otras demandas, que “nos reconozcan formalmente nuestro espacio de trabajo acostumbrado, que es el interior de la zona de Chichén”.

 

El patrimonio de la humanidad, entrampado

En tanto la discusión entre las partes continúa, Chichén Itzá acrecienta su fama turística y genera millonarios recursos. Sólo el año pasado recibió a un millón 649 mil 458 visitantes y, en promedio, cada uno habría pagado entre 50 y 100 pesos. Sin embargo, poco más de 50 por ciento de los visitantes llega de Quintana Roo en paquetes turísticos armados por operadores del vecino estado, quienes terminan por obtener la mayor parte de las ganancias en cuanto a hospedaje, comidas y transporte para llegar al sitio.

 

El municipio de Tinúm no ha despegado económicamente y tiene entre sus habitantes índices de ingresos menores a los dos salarios mínimos en promedio diarios. Sus restaurantes, pequeños centros de hospedaje y hoteles no reciben ni la mitad de los ingresos que obtienen los operadores turísticos que, desde Quintana Roo, ofrecen a Chichén Itzá como uno de los sitios a visitar para los turistas que llegan a la Riviera Maya.

 

El pasado 30 de marzo fue acordada como nueva fecha para retomar el diálogo entre los artesanos y comerciantes, el INAH, el Patronato Cultura y la representación legal de la familia Barbachano. Sin embargo, la reunión fue cancelada dejando a Kukulcán a la espera de que sus herederos se pongan de acuerdo.

 

 Castrillón, Luis. “Chichén Itzá, el paraíso en disputa”, en Milenio Semanal, disponible en http://semanal.milenio.com/node/372.

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